El AI Act europeo entra en fase crítica: agosto 2026, sin excusas
En menos de cuatro meses, las empresas que usen IA de alto riesgo en Europa deberán estar en plena conformidad con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial o enfrentarse a multas de hasta 35 millones de euros.
Publicado por BREIA — Categoría: IA y Tecnología
El reloj corre. El 2 de agosto de 2026 marca el plazo definitivo en el que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) entra en plena aplicación para los sistemas de IA considerados de alto riesgo. Faltan menos de cuatro meses y muchas empresas todavía no han completado —ni siquiera comenzado— los procesos de cumplimiento necesarios. El coste de la inacción puede ser devastador: multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual, la cifra que resulte mayor. ¿Qué se considera IA de alto riesgo? El AI Act clasifica como tales los sistemas utilizados en ámbitos críticos como recursos humanos (evaluación de candidatos, gestión del rendimiento), infraestructuras críticas, educación, acceso a servicios esenciales, aplicación de la ley o justicia. Si tu empresa usa herramientas de IA para filtrar CVs, tomar decisiones de crédito, gestionar accesos o evaluar comportamientos, es muy probable que entre en este ámbito. Las obligaciones son específicas y exigentes. Las empresas que despliegan estos sistemas deberán contar con un sistema de gestión de riesgos documentado, garantizar la supervisión humana real en los procesos automatizados, monitorizar continuamente el rendimiento del sistema, notificar incidentes relevantes a las autoridades y realizar una Evaluación de Impacto en Derechos Fundamentales (FRIA). Todo debe quedar documentado y estar disponible para auditorías. Hay un matiz que conviene seguir de cerca: la Comisión Europea ha propuesto aplazar algunas obligaciones de alto riesgo hasta diciembre de 2027. Sin embargo, esa propuesta todavía debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Mientras no exista ese respaldo legislativo, la fecha oficial sigue siendo agosto de 2026. Apostar por el aplazamiento sin tener nada preparado es un riesgo que pocas organizaciones pueden permitirse. La clave está en no tratar esta regulación como un obstáculo burocrático, sino como un marco de confianza. Las organizaciones qu